El número de licencias de pesca de arrastre en España está estrictamente limitado por la normativa. La Política Pesquera Común de la UE y los planes nacionales de gestión establecen topes de capacidad por flota y por zona, sin emisión libre de nuevas autorizaciones.
Esta escasez regulatoria, unida a una demanda sostenida del producto fresco en mercados nacionales y europeos, ha consolidado la licencia como un activo con valor de mercado históricamente creciente, con un mercado secundario activo entre operadores del sector.
La operativa contemporánea se apoya en tecnología de geolocalización, control electrónico de capturas, trazabilidad obligatoria y reporting digital ante la administración. Esto reduce la opacidad histórica del sector y permite un seguimiento de la operación con estándares profesionales.
Para el inversor patrimonial, el activo combina escasez estructural, generación de flujos de caja recurrentes mientras está en operación, y un valor residual de la licencia que actúa como elemento de protección del capital.